Juicio por el caso Odebrecht avanza en etapa final

Santo Domingo, R.D. – El juicio por el caso Odebrecht continúa avanzando en la última etapa, con la conclusión de los discursos de las partes respecto a la acusación del Ministerio Público por los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para beneficiarse en las licitaciones de unas 16 obras gubernamentales en el país.

Desde las 9:00 de la mañana de este martes, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo continuaron escuchando los alegatos de los abogados defensores del imputado Pittaluga Arzeno, quienes concluyeron con su discurso alrededor de la 1:00 de la tarde.

Posteriormente, después de un receso, a partir de las 2:30 de la tarde, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza el equipo litigante del Ministerio Público, inició con las réplicas sobre los discursos de cierre de la defensa técnica de los encartados, excepto de la de Rodríguez Hernández.

Durante su intervención, Camacho destacó las evidencias documentales y testimoniales con las que el Ministerio Público demostró en el proceso los hechos imputados respecto a los sobornos, destacando en ese sentido que el testigo Dantas (Mauricio Dantas Bezerra) trazó la ruta del dinero.

Camacho ratificó las conclusiones que presentó en el proceso y solicitó al tribunal rechazar las conclusiones de la defensa, incluyendo la solicitud de prescripción solicitada por la defensa de Pittaluga Arzeno.

El Ministerio Público ha pedido al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.

Para el abogado Conrado Pittaluga pidieron 7 años de prisión, mientras que condenas de 5 años de reclusión pidieron para los también procesados por este caso, Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

Igualmente, solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

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