“En Oisoe no se llegaba a Pagán sino era a través de Aquiles Cristofer”, aseguró Wilson Camacho

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio Público retomó este lunes la descripción del modo en que operaba el entramado de corrupción administrativa develado con la Operación Anti Pulpo, al atribuir al imputado Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez la condición de pieza imprescindible para que las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez fueran privilegiadas con contratos de la Oisoe durante la gestión de Francisco Pagán.

“Sin la absoluta coparticipación del imputado no era posible, era absolutamente imposible que pasara” la actividad delictiva de la que se favoreció Medina Sánchez con los favores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), donde Cristofer Sánchez fue director de Fiscalización, resaltó el Ministerio Público.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró, en forma categórica, que “en la Oisoe no se llegaba a Pagán sino era a través de Aquiles Cristofer”.

El Ministerio Público determinó, según la acusación, que Christopher Sánchez posee relación societaria con las empresas Masterpolis S.A., Inversiones Eglaim S.A., Montecristi Petroleum Corporation S.A., y Chrissam Ingeniería S.A.

Formaba parte del entramado que se benefició de que el Estado haya ordenado la remodelación de más de 50 hospitales, proyecto que fue traspasado del Ministerio de Salud Pública a la Oisoe. En ese contexto, el presupuesto inicial para remodelar el hospital Francisco Moscoso Puello fue de 43 millones de pesos y al final costó mil 129 millones de pesos.

En las intervenciones del domingo el Ministerio Público explicó que la empresa Domedical Suply SRL, de Medina Sánchez, fue favorecida con contratos para equipar hospitales, pero suministró dispositivos deficientes y usados y hasta dejó de entregar una parte. Estos contratos constituyeron un atentado “contra el derecho fundamental, que es el de la salud”, sostuvo en estrado la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

Cristofer Sánchez, según expuso la directora general de Persecución del Ministerio Público, era parte de un modelo “macabro” que se instituyó en la Oisoe y que el también encartado Francisco Pagán perfeccionó muy bien a partir de su designación como director general.

Explicó que ese modelo operativo consistía en no pagar a los ingenieros que ganaban sorteos de contratos, con el fin de que se quedaran sin capital para adelantar la obra, a fin de que quedaran vulnerables y obligarlos hacer una cesión de crédito.

El órgano de la persecución sostuvo ante el juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que Cristofer Sánchez se encargaba de las cubicaciones en la Oisoe, donde se pagaban cubicaciones inexistentes, lo que se constituyó en una manifestación de lavado de activos.

Se le atribuye al imputado comportarse inflexible con las exigencias a los contratistas y, en cambio, aprobarle todo a las empresas de Medina Sánchez; se agrega que en muchas ocasiones firmó certificando que “todo estaba bien”, cuando las entregas no se correspondían con los parámetros comprometidos o los equipos ni siquiera existían.

Para beneficiar a Medina Sánchez, el imputado adulteró y sobrevaluó los equipos de casi mil millones de pesos que fueron pagados al hermano de Danilo Medina Sánchez, entonces presidente de la República.

Además, asegura el Ministerio Público que el exfuncionario recibió dinero como parte de su participación en las operaciones fraudulentas, pero que lo recibió a través de testaferros.

Por su participación en el citado entramado corrupto de estafa al Estado y de lavado de activos, entre otros delitos, el órgano de la persecución solicitó medida de coerción de prisión preventiva contra Cristofer Sánchez, por entender que se corresponde con la gravedad de los hechos y para evitar que continúe haciendo transacciones irregulares para evadir la justicia.

El imputado alegó que, al llegar a la Oisoe, en vez de cometer hechos delictivos, cuestionó los montos de cubicaciones a varias empresas que tenían asignadas la ejecución de obras del Estado.

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