Ministerio Público: Detenidos por corrupción estaban destruyendo evidencias e intimidando a testigos

Santo Domingo, R.D.- El Ministerio Público estableció que de los 10 exfuncionarios y testaferros imputados por corrupción detenidos este fin de semana, varios de ellos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados.

Entre los arrestados figura Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), apresado en su residencia de Santiago.

También, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán.

La lista de exfuncionarios y testaferros apresados por corrupción incluye a Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

También, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

“Operación Anti Pulpo”

Los arrestos fueron coordinados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza procurador adjunto Wilson Camacho, con el apoyo de Dirección General de Persecución del Ministerio Público y su titular, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

En el operativo, denominado por los investigadores “Operación Anti Pulpo”, participó un grupo de fiscales que tuvo a cargo la responsabilidad de dirigir las pesquisas en las que participaron decenas de agentes de las tropas élites de la Policía Nacional.

Los imputados fueron trasladados a la cárcel preventiva que opera en el edificio que aloja a la Fiscalía del Distrito Nacional y cuya seguridad se encuentra bajo el control del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

En sus actuaciones de este fin de semana, el Ministerio Público desplegó las herramientas procesales que le facultan a usar la Constitución de la República y las leyes dominicanas para actuar contra la corrupción y procurar justicia frente a quienes malversaron fondos de todos los contribuyentes.

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